Preocupado el incremento de feminicidios en Chiapas: Teresa Ulloa

Activista Social, Teresa Ulloa Ziáurriz.                            

Texto y foto: Vianer Montejo

Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de violencia y/o violación a los derechos de las mujeres, con mayor incidencia en las edades de 12 a 18 años en los casos de trata, según la base de datos del sistema Alerta Roja de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac) implementado desde el año 2006, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Teresa Ulloa Ziáurriz; directora general de la Coalición y, coordinadora general de Defensoras Populares A.C que tiene 20 años funcionando en México.
La base de datos fue establecido el año pasado con todos los casos atendidos a través del sistema Alerta Roja, en el 2012 fueron 207 casos y en lo que va del año llevan 195 atenciones a nivel nacional, primeramente funcionaba como difusión, luego con asesoría y representación jurídica, posteriormente con atención médica y sicológica, es la primera vez que existe un paquete de datos de este tipo.
En el estado chiapaneco existe toda clase de violencia: institucional, trata, explotación, violación sexual, violación entre cónyuges, todas las formas y modalidades que están establecidas en la ley general de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Desde el año 2009 se instaló en Chiapas el Observatorio de Violencia Social y de Género, en los dos primeros años operaron de manera efectiva, sin embargo, cuando se convirtió en la Secretaria de la Mujer les fue bloqueado el acceso a toda la información oficial y la producción de datos de georreferenciación sobre la incidencia sobre los delitos llamados de alto impacto, sin siquiera poder valorar los diagnósticos institucionales y capacitaciones que impartían para sensibilizar, únicamente pudieron trabajar con el monitoreo de los medios de comunicación.
Dijo que les ha preocupado el incremento de feminicidios en la entidad, inclusive cuando ya está tipificado, “venimos a restablecer los contactos, a ver que tanta intención real hay de continuar colaborando, si va a servir el trabajo que estamos haciendo, para poderlo retomar, o si solamente hay un discurso... No he visto que se le invierta millones de pesos para las campañas en las tres estrategias que internacionalmente están reconocidas como válidas: prevención, protección y asistencia a las víctimas y persecución”.
Han detectado como foco rojo de trata toda la zona fronteriza con Guatemala como: Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa; Comitán de Domínguez en especial ha despertado foco rojo por trata y narcomenudeo, en la misma situación se encuentra Palenque donde la explotación sexual es ya evidente, de esta situación no está exento Tuxtla Gutiérrez.
“A partir de la nueva administración, el Instituto de Migración ha hecho operativos de los cuales cada mes reporta entre 100 a 130 victimas rescatadas, el problema es que, ¿dónde están las víctimas?, -formo parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migraciones- un tema en el que se ha insistido mucho porque saben que la ley lo prohíbe, pero les están dando la
repatriación asistida sin averiguaciones y así no se castiga a los culpables, seguramente serán revictimizadas” explicó Ulloa.
Se han reunido ya con la titular del DIF, con la directora general, con la fiscal de Delitos Contra la Mujeres; Adriana Rebollo Nucamendi, con el fiscal de delitos contra migrantes y con autoridades tradicionales, esta última reunión fue por la investigación en tres municipios de la zona altos de Chiapas: Oxchuc, Chenalhó y San Juan Chamula, para ver las practicas tradicionales de usos y costumbres, mismas que son perjudiciales para las mujeres, como es el pago por una novia; se convierte en algo comercial y esto es aprovechado por la delincuencia organizada. Existe bigamia y poligamia avaladas por las comunidades, Oxchuc presenta menos indicie de violencia hacia las mujeres, es el único municipio donde dos mujeres han tomado el bastón de mando.
Ulloa lamentó que las comunidades indígenas están regidas por el derecho consuetudinario, donde todo se arregla con dinero, “con dos o tres días de arresto a una persona que falta a una ley no se resuelve el problema”, por eso lo que promueven es trabajar sobre una modificación cultural, pero respetando su cosmovisión indígena y su valor.