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| Diputada, Alejandra Soriano Ruiz. |
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Irresponsables y
carentes de sustento jurídico son las declaraciones del presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, al deslindarse de la obligación
de vigilar y denunciar los daños al medio ambiente que ocasiona la empresa
Proactiva; sostuvo Alejandra Soriano Ruiz, vicepresidenta del Congreso del
Estado.
El lunes, 12 de enero, Toledo dijo que no es el ayuntamiento, sino
las autoridades federales, las responsables de determinar si Proactiva
-encargada de recolectar la basura en la capital- contamina suelos y ríos al verter
lixiviados en el ejido Emiliano Zapata de esta ciudad, como lo denunciaron
organizaciones y ciudadanos que realizaron un recorrido por el lugar.
Al respecto, la diputada del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) destacó que, de acuerdo con el artículo 40 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, el presidente municipal tiene la
facultad y obligación de vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en
la preservación, conservación y restauración de los bosques, ríos, lagunas,
riberas, esteros, fauna y flora de los sistemas ecológicos de sus municipios.
Asimismo, según el artículo 110 del Reglamento de
la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la
Secretaría de Ecología municipal es la encargada de vigilar el cumplimiento de
las atribuciones ambientales; y proponer y aplicar las políticas, programas,
estrategias y acciones ambientales, según lo establecido en el Plan Municipal
de Desarrollo.
De este modo, Hermisenda Paniagua Herrera,
secretaria de Ecología, debió remitir y dar seguimiento a esta denuncia
ciudadana, ante las instancias correspondientes.
Alejandra Soriano subrayó que el marco jurídico
vigente demuestra que el ayuntamiento no es una autoridad únicamente
coadyuvadora, "como de manera equivocada lo señala el presidente
municipal", sino que le corresponde actuar en la esfera de sus
atribuciones para remitir y dar seguimiento a esta problemática que atenta
contra la salud pública.
"Esta es una obligación que Samuel Toledo
aún no ejerce: denunciar, dar seguimiento, aportar pruebas, ejercer todas sus
facultades para determinar el daño causado, y que conforme a la ley se sancione
ésta empresa", enunció.
Además, debe hacer efectivas las sanciones
pactadas en las cláusulas de la concesión otorgada a esta empresa que desde
2006 se comprometió a brindar el servicio de manejo y disposición de los
residuos generados en la capital, con total apego a la legislación y normativa
nacional vigente.
"Reitero mi exigencia al ayuntamiento, para
que ejerza sus atribuciones, asuma su representatividad y, sobre todo, defienda
los derechos a la salud y a una vida de las y los tuxtlecos", puntualizó.
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